Con la mirada puesta en la calidad y equidad, la educación chilena vive hoy un momento crucial, fruto de una profunda revisión de sus bases estructurales. En un minuto como este, vale la pena revisar la experiencia de aquellos países y sistemas educativos que han logrado permanentemente buenos resultados o que han conseguido dar un salto importante en los últimos años.
Entre los años 2006 y 2007, McKinsey & Company desarrolló una investigación que se propuso comprender por qué un grupo importante de sistemas educativos, a pesar de sus diferencias sociales y culturales (desde Canadá a Nueva Zelanda, o desde Inglaterra a Singapur), habían alcanzado altos estándares de calidad en los aprendizajes de sus alumnos. Las tres claves descubiertas por el equipo de Michael Barber son sugerentes y de mucha utilidad para analizar la situación y desafíos del sistema educativo chileno.
Antes de revisar y aplicar esas claves al análisis de nuestro país, es necesario hacer un par de advertencias, para entender por qué estas claves enseñan y orientan, pero distan bastante de ser una receta para Chile.
En primer lugar, los países analizados en este estudio tienen un nivel de inequidad social y educativa muy inferior a la de Chile. La evidencia mundial indica que existe una correlación entre calidad y equidad que hace, para los países estructuralmente desiguales como el nuestro, mucho más difícil mejorar sus estándares de calidad. No es una tarea imposible, pero sí mucho más compleja que para sociedades como la finlandesa (con quien tanto gusta establecer comparaciones), pues supone desafíos que trascienden lo propiamente educativo.
Una segunda advertencia pertinente es que los sistemas educativos analizados por el informe, si bien son bastante diversos en cuanto a la inversión social que realizan en el sector educación, están también muy lejos de lo que nuestro país está haciendo. A pesar de que la evidencia en este caso indica que no hay una asociación directa entre más gasto y mejores resultados, lo que invierten las experiencias exitosas analizadas va my por encima de los 45.000 pesos mensuales promedio por alumno de nuestra subvención estatal. Este elemento también invita a entender que nuestro sistema educativo requiere condiciones previas que las experiencias exitosas ya tienen, para avanzar en calidad y equidad.
Factor 1: atraer a los mejores
Pasando a los “factores clave” identificados por el informe McKinsey, el primero de ellos consiste en la importancia de atraer a los mejores estudiantes al ámbito de la docencia. El telón de fondo de esta afirmación es que sólo es posible entregar una educación de calidad con las personas mejor preparadas. Los mejores sistemas educativos seleccionan rigurosamente a quienes cumplirán la función docente, ya sea antes de ingresar a la educación superior o en el momento de ingreso al sistema escolar. Los sistemas de más alto desempeño en el mundo reclutan a sus profesores siempre en el tercio superior de cada promoción de graduados.
En nuestro país claramente esto no ocurre, y más bien se da la situación contraria. En una de las mejores universidades de nuestro país, por ejemplo, mientras el puntaje promedio de ingreso a todas las carreras es de 700 puntos (PSU), el último alumno que ingresó a pedagogía básica lo hizo apenas superando la barrera de los 600. Esta situación se repite en prácticamente todos los centros de educación superior. Los mejores alumnos, salvo contadas excepciones, no optan por las carreras de educación.
Dos elementos influyen fuertemente en esta situación y se desprenden también del informe McKinsey. Primero, para atraer a los mejores alumnos es necesario contar con buenos salarios iniciales. Los países con buenos resultados tienen brechas salariales menos marcadas y además han hecho esfuerzos por acercar las remuneraciones de los profesores a las del resto de las profesiones. En Chile la situación es diametralmente opuesta: un profesor de enseñanza básica gana en su primer año de trabajo un sueldo promedio de $430 mil, mientras que en el caso de los médicos este monto llega a $1 millón, a $862 mil en el caso de los abogados y $530 mil en el de los psicólogos. Además, esta brecha aumenta sustantivamente en los primeros 5 años de trabajo. Todo esto hace poco atractiva a la profesión docente para muchos jóvenes que tienen interés, pero que al mismo tiempo ven en la enseñanza un espacio laboral con escasas oportunidades de desarrollo y movilidad social.
La falta de mejores condiciones y salarios para los docentes tiene además una explicación en el plano de la “valoración social” y el peso simbólico que tiene esta profesión en la sociedad chilena. En los países con buenos resultados analizados, ser profesor es una aspiración equivalente, y a veces superior, a ser médico, ingeniero o abogado. Para lograr esto, han mejorado las condiciones, pero también han impulsado políticas para reconocer la función docente y levantar su status. Medidas de este tipo son urgentes e indispensables para países como el nuestro, que se caracterizan por asignar un valor menor a la profesión docente.
Factor 2: formación docente
El segundo factor clave identificado por el estudio es la formación que reciben los docentes para lograr un buen desempeño con sus alumnos. Siguiendo ese objetivo, los países analizados han mejorado sus sistemas de formación inicial y en servicio, estimulando además la revisión y evaluación permanente de las prácticas docentes.
En nuestro país hay muy pocas condiciones favorables en este ámbito. En primer lugar, la desregulación de la educación superior impide “normalizar” la formación docente y garantizar un mínimo de calidad. La acreditación ha sido un buen primer paso, pero es todavía insuficiente.
En segundo lugar, la formación continua es limitada en cobertura y demasiado variada en su calidad. Muy pocas instancias de formación ponen énfasis en uno de los elementos relevantes identificados por el informe McKinsey: la capacitación “in situ”, con apoyo directo al trabajo docente en la escuela y sobre todo en la sala de clases .
Una tercera condición poco favorable es la inexistencia en Chile de un liderazgo directivo centrado en lo pedagógico, que cuente además con las capacidades y el tiempo para apoyar y asegurar un buen trabajo de los profesores. Los países con buenos resultados sí cuentan con un grupo importante de éstos líderes, pues han hecho esfuerzos por desarrollarlos.
En los países con buenos resultados, se destina un tiempo no lectivo importante a las tareas de planificación y trabajo asociado (en algunos países la proporción llega a 1:3, entre horas no lectivas y lectivas), tiempo prácticamente inexistente en nuestras escuelas y liceos.
Por último, Chile tampoco tiene buenas condiciones para la existencia de comunidades de aprendizaje profesional, ampliamente desarrolladas en los países con buenos resultados. Para avanzar en esto, se requiere de políticas escolares que favorezcan el intercambio y trabajo conjunto, pero también la disponibilidad horaria para que esto ocurra.
Tercer factor: sistemas de aseguramiento de calidad
Finalmente, el informe McKinsey identifica, como tercer factor de éxito, la existencia de sistemas de aseguramiento de la calidad educativa. Para lograr esto, los países han hecho importantes esfuerzos por fijar elevados estándares de calidad, por evaluar y monitorear permanentemente los resultados de aprendizaje en las escuelas, y por intervenir con presión y apoyo en aquellos casos en los que los resultados están bajo lo esperado. Estas intervenciones combinan la inspección (con sus eventuales sanciones) con la generación de capacidades institucionales, a través de programas de apoyo focalizados donde más se necesitan.
Chile ha dado pasos importantes en este plano. Se ha avanzado en la construcción de estándares de desempeño, se ha expandido y consolidado universalmente la aplicación de una prueba estandarizada en la enseñanza básica y media (SIMCE), se está implementando una ley que obliga a las escuelas a ponerse metas y a mejorar sus resultados en un plazo de 4 años (ley de subvención escolar preferencial). Junto con estas medidas, se encuentra en discusión parlamentaria un proyecto de ley que crea una superintendencia de educación (encargada de fiscalizar el cumplimiento de normas) y una agencia de calidad (cuya función será evaluar y monitorear la calidad del sistema educativo y sus agentes). Todas estas medidas apuntan en la misma dirección: constituir gradualmente un sistema de aseguramiento de la calidad. Los desafíos en este plano tienen que ver, sobre todo, con la implementación efectiva y eficiente de los cambios actualmente en diseño.
Quizás donde más “nuevos cambios” hay que pensar y trabajar para el aseguramiento de la calidad, es en el ámbito del apoyo para el mejoramiento educativo. Los países exitosos del informe McKinsey destinan recursos y han diseñado una institucionalidad (pública o privada) con las competencias necesarias para apoyar a las escuelas que más lo necesitan, porque entienden que la existencia de estándares y la presión por alcanzarlos no garantizan una mejora en la calidad. Este es un “pendiente” del actual diseño institucional del sistema educativo chileno, pero también de las propuestas de ley que están en el parlamento. Se requiere una modernización de la función de apoyo (supervisión) del Ministerio de Educación, lo que por cierto obliga a orientar y regular eficientemente el funcionamiento de la asistencia técnica privada en el sistema pero también a proveer por sí misma una oferta de calidad y diferenciada para aquellas escuelas y sostenedores que no pueden acceder a un apoyo especializado y/o quieran optar por el soporte del Estado (por ejemplo, escuelas rurales y aisladas).
El informe McKinsey es un buen termómetro para evaluar la situación del sistema educativo chileno. Permite constatar que, a pesar de los cambios positivos que ha provocado la reforma educacional de los 90, nuestro país está todavía lejos de poseer las condiciones favorables que estas experiencias exitosas han generado para garantizar una educación de calidad. La mayoría de los cambios institucionales y legales actualmente en diseño, más la continuidad de otras políticas ya en ejecución, a la luz de la evidencia de este estudio, apuntan en la dirección correcta. Sin embargo, se abre también una gran interrogante respecto al peso estratégico que la política educativa le está entregando al factor docente en esta nueva etapa de cambios. Los dos primeros factores clave identificados por el estudio están asociados directamente a la selección y preparación de los profesores, aspectos débilmente abordados en las prioridades y discusiones actuales en Chile. El desafío de esta nueva etapa de la reforma, además de corregir aspectos institucionales del sistema, consiste en pasar de una etapa de cambios estructurales (como la jornada escolar, el acceso a la educación, el nuevo currículum y el mejor financiamiento) a una donde son sus “actores clave” – directivos, docentes y alumnos – el eje central y los protagonistas principales de los cambios y mejoras.
